En la condena contra Alfonso Plazas Vega, conocida por eltiempo.com, la jueza Luz Stella Jara pide investigar también al presidente Belisario Betancur (1982-1986).
El oficial (r.) fue condenado por la desaparición de 11 personas en el Palacio de Justicia. A la justicia ordinaria le tomó 24 años y medio tomar una decisión en este caso.
Plazas Vega, quien era el jefe de la Escuela de Caballería, estuvo al frente de la retoma del Palacio, en noviembre de 1985.
La Juez Tercera Especializada de Bogotá, María Stella Jara, halló a Plazas Vega responsable de la desaparición de los empleados de la cafetería del Palacio y de la guerrillera Irma Franco, quien salió viva de la edificación.
La Fiscalía logró probar ante la juez, que a las víctimas las trasladaron a la Escuela de Caballería, por orden de Plazas, y luego desaparecieron.
En la condena contra Plazas Vega, la jueza Luz Stella Jara ordena que se compulsen copias para que se investigue al presidente Belisario Betancur (1982-1986), a toda la cúpula militar y policial de la época y a los organismos de seguridad.
La jueza dice que es casi un hecho que la toma del M-19 fue anunciada y que por eso se relajaron los mecanismos de protección del Palacio de Justicia.
También ordena investigar a una testigo que aseguró que una fotografía que según la Fiscalía correspondía a María del Pilar Guarín, una de las desaparecidas, correspondía en realidad a una imagen suya.
Luego de conocerse la condena a 30 años de prisión del coronel Plazas Vega, grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos frente al juzgado.
La Policía tuvo que intervenir para evitar las agresiones físicas entre los dos grupos.
Aunque el coronel logró salir de una instalación militar en la que estaba confinado alegando problemas médicos, Medicina Legal le realizó un exámen médico hace pocos días que concluyó que no tiene que estar bajo supervisión médica constante. Se espera que sea trasladado del Hospital Militar a un centro de detención que podría ser militar.
La primera condena por el caso
Plazas Vega es el primer militar condenado por el caso, que revivió en el 2005, en la administración del ex fiscal Mario Iguarán, y que tiene en líos a otros tres ex altos oficiales del Ejército (ver perfiles).
La jueza del caso le dió crédito a la posición de la Fiscalía, según la cual Plazas Vega, que era comandante de la Escuela de Caballería y quien dirigió personalmente el operativo de la retoma, tuvo manejo sobre el personal que salió con vida del Palacio de Justicia una vez fue recuperado por las Fuerzas Militares, el 7 de noviembre de 1985.
Los sobrevivientes fueron enviados a la Casa del Florero, donde personal militar de inteligencia, a órdenes del coronel Edilberto Sánchez, interrogó a varias personas, algunas de las cuales fueron enviados a instalaciones militares o policiales porque se tenía sospechas de que eran infiltrados del M-19.
Algunos de ellos denunciaron que fueron torturados. Once de esas personas desaparecieron, según la Fiscalía. En la Escuela de Caballería, según el testimonio de Édgar Villamizar, suboficial que se convirtió en pieza clave de la investigación, estuvieron al menos dos de ellos: Carlos Rodríguez, administrador de la Cafetería; y la guerrillera Irma Franco.
Plazas, que sostiene su inocencia y que apelará la decisión, ha dicho que no supo de la suerte de los once desaparecidos y asegura que él es víctima de una persecución política.
En 1991, el Congreso aprobó sendas leyes de indulto y amnistía que terminaron con el archivo definitivo de los procesos en contra de los jefes del M-19, la guerrilla que asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de hace 25 años.
En la Comisión de Acusación de la Cámara, entre tanto, hay una solicitud de la Fiscalía para que se revise la actuación del ex presidente Belisario Betancur, que ya había sido absuelto por el caso.
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